La Defensoría del Pueblo pidió al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) que promueva una tarifa social para los usuarios de Aguas Santafesinas

Departamento de Prensa
16/02/2017

La institución provincial solicitó al Ente que impulse la implementación de un sistema de tarifa social superador al actual régimen de casos sociales; "un resabio del marco regulatorio del servicio prestado por una empresa privada", y establezca un nuevo mecanismo que garantice "un servicio público accesible" para quienes cumplan los requisitos determinados.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe solicitó al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) que promueva ante el Ejecutivo provincial la implementación de un sistema de tarifa social para el servicio de Aguas Santafesinas SA (Assa) que sea superador al actual régimen de "casos sociales", por considerarlo insuficiente y "un resabio del marco regulatorio del servicio prestado por una empresa privada".

El pedido fue dirigido al Enress por ser éste el “órgano competente en la contribución de sus criterios técnicos” y sugirió considerar como ejemplos el sistema de Tarifa Social Unificada implementado por la Nación para los servicios públicos de gas natural por red y energía eléctrica y la creada por la Empresa Provincial de la Energía, para garantizar también en el caso del agua potable "un servicio público accesible para el universo de personas que se encuentren dentro de los requisitos determinados y que según su realidad socio-económica no puede afrontar el pago de una tarifa plana".

En la nota dirigida al presidente del Directorio del Enress, se recordó que en la audiencia pública que tuvo lugar el 29 de noviembre en la ciudad de Santa Fe la defensoría ya había propuesto al Ente la creación de una tarifa social para el servicio público esencial de acceso al agua potable.

La Defensoría del Pueblo indicó que, si bien existe actualmente la contemplación de llamados casos sociales que se encuentra reglamentados por el decreto Nº 2.141/99, este mecanismo se dio en el marco de la prestación del servicio por una empresa privada que contaba dentro de sus facultades con la de cortar el suministro por falta de pago, pudiendo el Estado suspender esa atribución a cambio de una compensación económica.

"La tarifa social implica la creación de un sistema que va más allá de una mera exención de pagos por falta de recursos, sino que tiende a la protección de sectores vulnerables mediante la determinación de factores objetivos que operan como indicadores de la necesidad de crear un régimen diferencial para garantizar que esos usuarios puedan acceder a un servicio público esencial mediante el pago de una suma accesible, cumpliéndose solo de este modo con el requisito de universalidad insoslayable para todo servicio público", evaluó.

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