“Hay que estar a la altura de un tiempo en que los derechos se reformulan”

Diario El Litoral
12/06/2018

El defensor del Pueblo de la provincia evaluó el presente y futuro del organismo, sus nuevas funciones y los desafíos que enfrenta. Cobertura territorial, mediación, desarrollo sustentable, violencia de género y tarifas, en una agenda que nunca se completa.

—¿Cómo ve la actualidad de la Defensoría del Pueblo?¿Su rol ha ido mutando?

—Es una institución que actúa como un nexo entre el ciudadano y la administración. Frente a hechos u omisiones de las administraciones, aparecen en resguardo de los ciudadanos las defensorías del Pueblo. Creo que si uno tendría que definir hoy a la Defensoría, diría que es un órgano de derechos, que tiene que estar a la altura de los hechos, en un tiempo donde los derechos se van reformulando a la luz de las necesidades de las poblaciones del mundo. Y, como todo órgano de derechos, tiene que ser un órgano de garantías. Debe posibilitar que el derecho no sea solamente una declaración institucional, sino que tenga un efectivo cumplimiento en la vida cotidiana de las personas. Nosotros desde ese punto de vista tenemos evidentemente hoy funciones nuevas (algunas inclusive reformuladas, pese a que tienen vigencia hace varios años).

—¿Como por ejemplo?

—La ley de violencia laboral hoy tiene una impronta que no tenía en 2005, cuando se sancionó la ley. También se han sancionado cuatro leyes: una que le otorga a la Defensoría la condición de autoridad de aplicación en materia de plus médico; otra que le da la posibilidad de presentar acciones colectivas; otra que la instituye como órgano de revisión en la aplicación de la Ley de Salud Mental; y por último, en el marco de la última modificación del Código de Procedimiento Penal, que plantea que la forma de escuchar a la víctima sea con patrocinio, que la Defensoría también cumpla esa tarea. Se van otorgando y concediendo nuevas funciones a la luz de nuevos derechos.

Desafíos

—¿Cómo se enfrenta la Defensoría al desafío de estar presente en toda la provincia?

—Es la única institución que lo hace. Esto nos exige llegar a todo el territorio y estar lo más próximo del ciudadano santafesino. Tenemos una provincia con más de 57 ciudades, 360 comunas, 1.000 km de largo, por lo que llegar a todo el territorio es una necesidad compleja. Nos planteamos, a través de las delegaciones, crecer. De hecho hoy estamos en Vera, con un centro de asistencia a las víctimas nuevo. En Rincón también estamos instalando la Defensoría en Las Rosas y Las Parejas, y próximamente vamos a instalarla en Sunchales, Tostado, Villa Gobernador Gálvez, Esperanza y reforzar en San Lorenzo y en Gálvez. Frente a la cantidad de localidades, esto sigue siendo insuficiente. Por eso nos planteamos también tener una defensoría móvil, llegar a los barrios de las grandes ciudades, donde a veces la movilidad es un inconveniente para el ciudadano. Tratamos de complementar nuestra presencia con charlas formativas e ilustrativas sobre violencia, mediación, adicciones, para que la presencia de la Defensoría se complemente con las realidades de los habitantes de esas localidades. La defensoría móvil es una novedad, son muy pocas las experiencias que hay en Argentina y en la región. El 12 de junio vamos a estar poniendo en marcha dos traffic: una para el centro-norte y la otra para el centro-sur.

—Desde la Defensoría se impulsa el proceso de mediación, por ejemplo con el panel realizado hace unas semanas. ¿Por qué se lo considera de importancia?

—La mediación ha ido evolucionando. Hoy la problemática de la mediación es mucho más abarcativa, más amplia, y apunta a generar formaciones y capacitaciones para que cada persona en su barrio pueda ser un facilitador del diálogo. Nosotros hemos tenido capacitaciones junto con la Dirección de Mediación nacional en el sur de la provincia, ahora una en el norte con 120 participantes. Además hemos sido nexo entre todas las organizaciones de la provincia hacia el futuro Congreso Mundial de Mediación, que se hace en la ciudad de Buenos Aires en septiembre. Nuestra Defensoría firmó convenios con todas las organizaciones, y ese nexo ha permitido lograr una presencia importante de órganos de mediación de nuestra provincia, para que todos sean parte de este gran Congreso. Hace unos días, hicimos un precongreso, junto con la Defensoría de Paraná con más de 200 participantes. Vamos abordando la problemática que después trasladamos a experiencias concretas, como el área de mediación en el Hospital Alassia. No solamente vamos generando instancias de formación y de capacitación para lograr que la gente sea artífice de la resolución de conflictos, sino que nosotros como Defensoría vamos interviniendo en lugares relevantes.

—17 objetivos de desarrollo sustentable componen la agenda 2030, instaurada por la ONU y firmada por casi 180 países ¿Cómo se amalgama la Defensoría a estos objetivos? ¿Es una suerte de guía?

—En 2016, se hizo el Hábitat III en Quito, donde la Defensoría estuvo presente, inclusive exponiendo en un panel. En esa oportunidad, se nos recomendó a las defensorías ser quienes generaran instancias de seguimiento, de implementación de políticas públicas. Esto significa que la agenda 2030 no quede simplemente en formulaciones, sino que tenga lugar en la realidad. Nosotros tomamos esta idea de seguimiento, y firmamos un convenio con la universidad de Rosario, donde primero buscamos determinados temas (como pobreza, vejez, discapacidad, violencia de género, vivienda, servicio) y un ámbito pequeño, que fue la ciudad de Rosario. Tomamos la cobertura de los tres Estados (nacional, provincial y municipal) en ese distrito, e hicimos el primer informe del año 2017. Esto surgió como una alianza entre la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario (también queremos extenderlo a la Universidad Nacional del Litoral). Este informe es uno de los primeros de carácter internacional que se hace sobre este tema, lo que nos convierte en precursores. También nos permitió dar aplicación práctica a dos protocolos internacionales: el de San Salvador (sobre derechos económicos, culturales y sociales) y el de Belem Do Para (sobre sociedades sin violencia). En este momento parte del equipo que participó en la investigación está en Barcelona, en un congreso de Ciencia Política. Tenemos pedido de presentarla en México y Lima.

Temas actuales

—Con respecto a problemáticas que exigen una permanente actualización: ¿qué acciones realizaron en materia de prevención de violencia de género?

—Somos una institución que aborda esta problemática desde hace muchos años, y lo hacemos desde un triple concepto: jurídico, psicológico y social. Y esto quizás es una nota distintiva. No es simplemente un asesoramiento jurídico, sino una contención sociológica y social. Como se sigue desenvolviendo frente a su barrio y a su familia alguien que es víctima de violencia, esto no es menor. La defensoría hizo dos publicaciones al respecto. Además formamos parte del Ruvim, aportamos muchísimo porque somos uno de los registros más antiguos. Creo que un registro único sirve para volver a transmitir para que se puedan ir modificando y jerarquizando modalidades de abordaje cada vez más eficientes y a su vez más complejas.

—Otro tema actual son las tarifas. ¿Qué rol cumple la Defensoría en este aspecto?

—Los defensores del país nos encontramos con una modificación del cuadro tarifario, especialmente con el retiro de los subsidios, de alto impacto en el ciudadano. Estas realidades deben ser asumidas, y por eso nos convertimos en quienes iban a las audiencias públicas a dar una opinión favorable a los ciudadanos en los tres servicios: gas, energía eléctrica y agua. Inclusive en algunas oportunidades hemos estado solos, porque al no escucharse al ciudadano en la audiencia pública, éste va perdiendo el interés de participar y creo que a eso hay que evitarlo. La audiencia debe escuchar al ciudadano y actuar en consecuencia. Por supuesto que no somos una entidad de aplicación, y así como muchas veces no se escucha al ciudadano, a veces no se escucha a la Defensoría tampoco. Pero en muchas oportunidades sí y trabajamos para eso.

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El futuro

—Mirando hacia adelante, si hay que hacer una autocrítica... ¿Qué es lo que falta?

—Hay muchos temas que todavía son una deuda. Por ejemplo, como provincia no tenemos una ley de adhesión a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Necesitamos también tener dentro de nuestra Defensoría un área especial: una Defensoría de la Tercera Edad. Nosotros cualquier tema lo vemos desde el punto de vista de los derechos, cómo impacta en el derecho del ciudadano. Ojalá esta impronta pueda seguir y que los futuros defensores actúen en consecuencia.

—¿Con qué expectativas ve el futuro de la Defensoría?

—Creo que la defensoría es un proceso donde se marcha y nunca se llega (risas). Creo que el deseo es hacer un organismo provincial, lo más próximo a las necesidades posible. Y luego tratar de que tengan una visibilidad muy fuerte, que toda persona que tiene un reclamo en materia del derecho al consumidor, violencia de género, conflictos interpersonales, u otro, sepa que en la Defensoría habrá quien buscará una solución u orientación (porque quizás no estamos en condiciones de resolver el problema, pero sí podemos orientarlo hacia donde hay que ir para que eso ocurra).

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