La Defensoría del Pueblo de Santa Fe manifestó su preocupación por el nuevo aumento de los costos de la energía eléctrica anunciados por Cammesa durante la Audiencia Pública convocada para el tratamiento de la determinación de los precios de referencia estacionales de la potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista. La instancia de generación de energía que hoy está en 640 pesos el MWh, en diciembre pasaría a 876 pesos y en febrero de 2018 a 1077 pesos.
El director de Asuntos Jurídicos de la Defensoría, Mariano Vodanovich, durante su alocución también manifestó la preocupación de la institución ante el anuncio de la quita de subsidios en el rubro del transporte de la energía eléctrica. Esto sumado al anterior aumento previsto para febrero de 2018 implica un importante incremento que impactará sobre los costos en la compra de energía mayorista por parte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y posteriormente sobre las economías familiares de los santafesinos.
En este sentido la defensoría volvió a reclamar que se respeten en las tarifas los criterios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad determinados por la Corte Suprema de la Nación.
Estímulo al Ahorro de Energía Eléctrica
Según el material publicado por el Ministerio de Energía y Minería para la presente audiencia se plantea que partir de diciembre del 2017 solo se “premiará” con un 10% de descuento a aquellos usuarios que ahorren en un 30% su consumo respecto a igual periodo de 2015.
Comparado con el sistema anterior, el propuesto no sólo que exige un mayor ahorro sino que el descuento ofrecido como premio es muy inferior (10% de ahorro –sistema propuesto- contra bonificación total del aumento o del 75% según si se ahorraba más del 20% o entre el 10% y el 20% -sistema ideado por Res. Nº 20 E/2017).
Tarifa Social
En este punto no se proponen cambios al sistema vigente, y si bien desde nuestra Defensoría del Pueblo entendemos que el régimen implementado por la Resolución Nº 219/2016 es un avance creemos debe perfeccionarse, en ese sentido aprovechamos esta oportunidad para requerir: la ampliación de la cantidad de kilowatts; poner en marcha la georeferenciación anunciada en audiencia anterior de manera que permita incorporar beneficiarios de tarifa social según las condiciones de vivienda y barrios en los que habitan; crear una tarifa diferencial para Pymes; que se contemple la situación de los trabajadores informales y de las Cooperativas de trabajo y por último que los requisitos de exclusión no operen como obstáculos insalvables.