Lamberto presentó una evaluación sobre el estado de políticas sociales en la ciudad de Rosario

Departamento de Prensa
19/04/2018

El trabajo, realizado en conjunto con la UNR, analizó indicadores vinculados con pobreza, vejez, violencia de género, discapacidad y vivienda y desarrollo durante 2017. “Es un gran aporte para esta ciudad y por supuesto es una gran referencia hacia los organismos nacionales e internacionales”, aseguró el defensor del Pueblo.

Con la presencia de autoridades y funcionarios de los distintos estamentos del Estado, el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, encabezó este jueves en la Sede Rosario de la institución la presentación del informe Políticas Sociales y Derechos Humanos a nivel local, que condensa el análisis realizado por la institución en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) durante 2017 sobre el avance de las políticas públicas en la ciudad de Rosario. Lamberto compartió la presentación con Héctor Floriani, rector de la UNR, y Hugo Quiroga, encargado de coordinar el equipo de investigación.

Lamberto explicó que la génesis de este trabajo se remonta a la Cumbre Hábitat III, realizada en Quito en 2015, cuando se presentó la agenda de desarrollo sustentable de la ONU, que “prevé 17 objetivos y 169 metas a lograr hacia el año 2030”. “Naciones Unidas, a su vez, estableció organismos nacionales encargados de hacer seguimiento de políticas públicas. Y entre esos organismos se pidió el concurso de las Defensorías del Pueblo de todo el mundo para seguir las políticas públicas en el orden nacional, estadual o local en los temas que se valoraran eran importantes”, explicó el defensor santafesino.

En ese sentido, agregó que a partir de allí se dedició rubricar en marzo del año pasado un convenio con la UNR, tras lo cual se “convocó a un grupo de docentes de la Universidad, coordinado por Hugo Quiroga y Silvia Levín, que se encargó de hacer este relevamiento de políticas sociales en la ciudad de Rosario”.

Lamberto indicó que el “trabajo de investigación está basado en los protocolos de San Salvador y de Belén do Pará”, y que se analizaron indicadores vinculados con pobreza, vejez, violencia de género, discapacidad y vivienda y desarrollo. “Todo ello con protocolos de Naciones Unidas, lo que nos permite tener una idea genérica de parámetros comunes, pero a su vez estar encuadrados en lo que son las investigaciones internacionales”, abundó.

“El trabajo es muy científico, técnicamente muy valorable y nos permite tener nuestras opiniones favorables, que de hecho se tienen, pero por supuesto siempre quedan cosas por observar. Y esto se hace desde un punto de vista positivo, formativo, como recomendaciones hacia las gestiones de gobierno. Nosotros creemos que este trabajo es un gran apoyo a lo que se ha hecho en la ciudad durante décadas, porque es una valoración externa, no una autovaloración”, indicó Lamberto, quien anticipó que el objetivo para 2018 es extender la investigación a toda la provincia de Santa Fe, además de agregar nuevos temas como salud y educación. “Es un gran aporte para esta ciudad y, por supuesto, es una gran referencia hacia los organismos nacionales e internacionales”, finalizó.

Por su parte, Floriani expresó, en nombre de la UNR, la “satisfacción” que les da a los integrantes de ese organismo realizar este tipo de tareas. “Nos sentimos cumplir con nuestra misión. Una misión que está en el ADN de la universidad pública argentina, porque estamos convencidos de que la universidad pública tiene la obligación de producir conocimiento y de socializar ese conocimiento, en términos de conocimiento superior, pero también como servicio público, que sirva a la comunidad que nos sostiene y que nos permite existir”.

Asimismo, la máxima autoridad de la Universidad rosarina agradeció a la Defensoría por haberlos convocado y agregó: “Que la Defensoría nos haya convocado para realizar este trabajo nos gratifica y a la vez nos compromete, porque es el reconocimiento a la pretensión de ecuanimidad, a la mirada rigurosa. Nos encanta reconocer esa mirada en la sociedad, en este caso en el Estado, pero también nos compromete a no desviarnos de ese compromiso. La universidad pública tiene la obligación de brindar ese servicio más allá de cualquier otro tipo de factor, de generar conocimiento desde la ecuanimidad, desde un punto de vista riguroso, lo que en otros ámbitos se llamaría conocimiento lo más científico que sea posible, al servicio del bienestar y de la certidumbre de la sociedad”.

A su turno, Quiroga agradeció a todos los integrantes del equipo de estudios y destacó: “El equipo tiene dos virtudes, o una virtud que puede verse desde dos lados. Tiene conocimiento científico, porque está vinculado a la Universidad, y reconoce al mismo tiempo experiencia de gestión. Yo creo que lograr un trabajo de estas características es haciendo esta combinación”.

Además, calificó al trabajo como “una contribución original, porque por primera vez en la Argentina se hace una evaluación de las políticas sociales implementadas en la ciudad de Rosario durante 2017 desde el enfoque de derechos humanos. Esto es lo novedoso, mirar o realizar evaluaciones desde este enfoque creo que es lo novedoso y creo que no hay mucha experiencia. En la Argentina es la primera, somos precursores en este sentido”.

Finalmente, rescató “la importancia de la evaluación”, y evaluó que ésta “apunta a contribuir a mejorar la toma de decisión”. Por lo que indicó que en los capítulos 5 y 6 del informe hay hallazgos y recomendaciones “para los gobiernos”.

Presentes

Estuvieron en la presentación los ministros de la Corte Suprema de Justicia María Angélica Gastaldi y Roberto Falistocco; el fiscal General de la provincia, Jorge Baclini; la ministra de Producción de la provincia, Alicia Ciciliana; funcionarios del ministerio de Desarrollo Social; secretario de Salud y coordinador del Gabinete Social de Rosario, Leonardo Caruana; la subsecretaria de Producción municipal, Fernanda Ghilardi; el titular de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Ricardo Diab; el ex gobernador Hermes Binner, el ex diputado nacional Juan Carlos Zabalza, concejales y otros funcionarios del Estado.

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