El defensor del Pueblo de Santa Fe a/c, Jorge Henn, expresó la necesidad de que al merituar el pedido de la empresa Aguas Santafesinas S.A. para aumentar las tarifas de los servicios sanitarios se tenga el impacto que tendrá en el bolsillo de los usuarios, que respete los principios de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, tal cual lo planteó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo CEPIS.
“Es ese mismo usuario, como sujeto único, quien debe afrontar con sus ingresos la actualización de todos los servicios públicos y los precios de la economía en general. Más aún cuando lo que está en juego es el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos como lo resolvió la ONU en la Asamblea General del 28 de julio de 2010”, fundamentó Henn.
Lo hizo en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios –ENRESS-, para tratar el pedido de aumento del 128% en la tarifa de los servicios sanitarios que presta ASSA S.A. para el año 2024, y que se llevó a cabo entre ayer y hoy en las ciudades de Rosario y Santa Fe, respectivamente.
“A la Defensoría le preocupa la ausencia de un sistema de tarifa social. Lo ha planteado en las sucesivas audiencias públicas y en el corriente año mediante resolución N° 48, del 7 de marzo. Allí recomendamos la instrumentación de un sistema de tarifa social bajo criterios objetivos de ingresos familiares que contemple factores sociales y territoriales, con distintos grados de descuentos en las tarifas que resulte aplicable a partir de la próxima revisión del cuadro tarifario. Un sistema de tarifa social que además de ser justo con las personas que cuentan con escasos recursos económicos ayudaría a bajar el costo de los deudores morosos” agregó el Defensor.
En otra parte de su exposición, Henn sostuvo que “en la argumentación de la presidente de ASSA S.A. se observan sesgos que inducen a una sobrestimación de los incrementos de los costos y, además, plantea un abordaje financiero-contable de gastos con “base caja” prescindiendo de un análisis de ingeniería de costos. No asume la existencia de ineficiencias y/o posibilidades de mejoras en los procesos”.
“Al considerar los ingresos cobrados, se internaliza como costo la morosidad y, por lo tanto, se considera a la morosidad como un fenómeno exógeno a la gestión de la empresa sin merituar si ésta es eficiente en su gestión de cobro”, continuó.
El Defensor subrayó que no hay datos de los últimos años del incremento en la instalación de medidores como tampoco la implementación de sistemas de monitoreos para detección de fugas y de agua no contabilizadas con datos y métodos claros.
“La Defensoría reclama implementar una urgente tarifa social destinada a toda la población socioeconómicamente vulnerable, poniendo el foco allí en los aportes del Estado, y que ésta sea extensiva a toda la provincia independientemente del prestador. Asimismo, pedimos que se incremente la eficiencia en la prestación del servicio de ASSA y en sus costos”, concluyó Jorge Henn.