El defensor del Pueblo de Santa Fe, a cargo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes provincial, Gabriel Savino, mantuvo una reunión con autoridades del Registro Único de Guarda Adoptiva (RUAGA) por la situación de adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes. El objetivo fue vincular ambas instituciones, generar un acercamiento y pensar la posibilidad de tejer redes para mejores acciones próximas en conjunto.
De la reunión participaron funcionarias del RUAGA y de ambas Defensorías, entre ellas, Magdalena Galli Fiant, directora provincial del RUAGA, Mariana Storero, coordinadora, María Emilia Davobe, delegada Región Sur, el doctor Facundo Vidal Vals, coordinador del Área de Salud y Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, y Érika Scarano, del equipo de Discapacidad, doctor Gustavo Lorenzo, subdirector de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
El eje de la reunión fue intercambiar información acerca de la situación de guarda y adopción de niñas, niños y adolescentes en la provincia de Santa Fe y del estado de situación del Programa Hogar Familia. La intención fue hacerle saber a las autoridades provinciales las inquietudes recibidas oportunamente en la Defensoría por los padres y madres que forman parte del Programa Hogar Familia, que involucra a familias que adoptan niñas, niños y adolescentes con discapacidad, e invitar al RUAGA a participar de mesas de diálogo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas.
“El encuentro surge con la necesidad de convocar a todos y cada uno de los actores institucionales derivados del encuentro institucional en la Subdirección de Inclusión y Discapacidad de la provincia donde se abordaron diferentes temas que hace a la agenda de esta Defensoría”, expresó Savino.
En el marco del encuentro, se solicitó información acerca del proceso de adopción en general y del de adopción de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en particular y su vinculación en el programa Hogar Familia. Asimismo, se abordaron la importancia de mejorar la situación de asignaciones económicas a las familias adheridas al programa, la necesidad de estipular la progresividad de los monitoreos, la urgencia de agilizar los trámites de adopción de aquellos niños y niñas declarados en situación de adoptabilidad, la dificultad de encontrar familias con las condiciones para ingresar al sistema de adopción.
Por último, el defensor expresó “la necesidad de poner a consideración de las diferentes gestiones de gobierno la ampliación de los equipos profesionales para agilizar la evaluación y casos y situaciones”.