Desde el pasado mes de noviembre la dirección provincial de Defensa del Consumidor de la ciudad de Santa Fe no atiende al público.
“Su anormal funcionamiento en un contexto de sostenida alza de precios constituye por parte del Estado la negación del acceso a la tutela de los derechos de los usuarios y consumidores en sede administrativa, con la gravedad institucional que ello implica, enfatiza el defensor del Pueblo adjunto a/c, Luciano Leiva, en un oficio remitido al Secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Pablo Diab.
Desde fines del año pasado el Defensor está reclamando la normalización del funcionamiento de esa dependencia recibiendo a cambio respuestas dilatorias.
Durante estos cuatro meses los usuarios y consumidores que consideran que se han violado sus derechos se encuentran en una situación de desprotección dado que la dirección de Defensa del Consumidor, autoridad de aplicación de la ley N° 24.240 y modificatorias, no encuentran respuestas por su irregular funcionamiento. A ella le cabe el deber de establecer una relación de equilibrio entre el consumidor y las grandes empresas o grupos económicos, dada la situación de vulnerabilidad de los primeros, destaca el Defensor del Pueblo.
En agosto del año pasado, a través de la resolución 138, la Defensoría recomendaba al ministro de la Producción adoptar las medidas tendientes a la optimización y jerarquización de la dirección de Comercio Interior y Servicios de la provincia de Santa Fe garantizando el asesoramiento jurídico gratuito por personal capacitado, la recepción de las denuncias y la reducción de los plazos de tramitación.
Hace una semana, en ocasión de conmemorarse el día internacional de los Derechos Usuarios y Consumidores, Luciano Leiva expresaba que “estos derechos fundamentales en materia de consumo se ven amenazados por la tendencia cada vez más acentuada a la concentración por parte de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, dejando al consumidor en una situación de vulnerabilidad mayor”.
Y agregaba: “la escalada de precios de los últimos meses que afecta esencialmente la canasta básica de alimentos y otros rubros imprescindibles para la vida de una familia demandan del Estado una decidida acción de control”.
“Es función del Estado hacer valer la normativa vigente, hecho que resulta de cumplimiento imposible si la autoridad de aplicación de la ley no se encuentra en actividad”, concluye Leiva.