Memoria Histórica Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe

30 años, con voz y con vos...

La Defensoría del Pueblo en la provincia de Santa Fe se creó a través de la ley 10.396, promulgada el 5 de agosto del año 1990. En un contexto donde las Provincias y municipios argentinos vieron incrementadas sus carteras en materia de educación, seguridad, cobertura de servicios sociales y aun de participación política. 

Como órgano extra poder del estado, el objetivo del nuevo organismo, desde su origen fue el de “proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y sus agentes que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, incausado, gravemente inconveniente, inoportuno de sus funciones, o configuren una desviación de poder”. También “la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos de la comunidad”.
Formalmente su funcionamiento efectivo se declaró en el mes de junio de 1991, mientras se llevaba adelante el desarrollo de las oficinas propias y la designación de sus primeros agentes y funcionarios. De esta forma, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, como instituto del todo novedoso, se ubica entre las primeras instituciones Ombudsman en la República Argentina, incluso como antecesora de la propia Defensoría del Pueblo de la Nación, la cual fue creada por ley en 1993 y obtuvo rango constitucional con la Reforma Constitucional del año 1994. 
Si bien la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe no tiene aún rango constitucional en la Carta Magna provincial, por no haber sido modificada desde el año 1962, se destaca que todos los proyectos para reformarla contemplan la introducción del organismo, lo cual es un fiel reflejo de la valoración que tiene la institución entre la sociedad.

Muchos fueron los factores que llevaron a que en estos 30 años de gestión la Defensoría del Pueblo sea considerada por la ciudadanía como referencia en la promoción y protección de derechos, un lugar de escucha y atención valorado, con un alto grado de profesionalización y compromiso en sus equipos de trabajo. 

Enmarcado en un proceso de reafirmación de los Derechos Humanos y participación democrática, en la órbita de la Defensoría del Pueblo se creó mediante la ley 11.202, promulgada el 13 de octubre de 1994, el primer “Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del delito” (CAV), que en sus primeros años funcionó en las sedes centrales de las ciudades de Rosario y Santa Fe Capital, satisfaciendo las muchas y variadas demandas ciudadanas con referencia a la protección de derechos de personas vulnerables e invisibilizadas, victimas de violencia, y dando lugar a las iniciativas de sus propios equipos multidisciplinarios.

Años más tarde, cuando se produjo la reforma del Código Procesal Penal en la provincia, como parte del reconocimiento al trabajo a los CAV y por delegación del Ministerio de Justicia, se crearon otros tres Centros de Asistencia a la Victima en las ciudades de Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, cubriendo las cinco regiones nodales de la Provincia.

En ese camino, en 1995 se gestó formalmente el primer “Centro de Mediación Comunitaria” del país, llamado Dr Benetti Aprosio en homenaje al primer Defensor Adjunto de la zona sur, poco antes fallecido en el ejercicio de su cargo. Con ello se respondió a demandas ciudadanas y conflictos sociocomunitarios.

Ya entrados los primeros años del nuevo siglo, se realizó una política de descentralización territorial, con la apertura de Oficinas de Atención (Delegaciones) en una treintena de localidades del territorio provincial se pudo acercar la institución aún más a la ciudadanía a la par de la ampliación de derechos que requerían las nuevas demandas ciudadanas. 

Estas Oficinas de Atención ubicadas en distintos puntos de la provincia se completaron con la puesta en funcionamiento de las Oficinas Móviles, vehículos equipados para la atención presencial, que recorren barrios y las localidades del interior, con el objetivo de acercar la institución a la ciudadanìa.

La Defensoría del Pueblo fue ampliando con el correr de los años aquellas primeras funciones asignadas como contralor de los organismos del Estado y tomando un rol más preponderante en la promoción y protección de todos los derechos fundamentales de las personas; pudiendo también elevar sugerencias y recomendaciones al Poder Ejecutivo Provincial, como así también, impulsar iniciativas legislativas o proponer reformas de organización alternativas de gobernanza en organismos públicos.
De esta manera, es que se incorporan las nuevas  demandas vinculadas con derechos de los consumidores, sociales, económicos, ambientales y culturales, entre otros.

Esta ampliación permitió en 2006 crear Artefe, el primer Museo Virtual del Arte Santafesino. Este innovador proyecto digital procuró la recuperación, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio histórico en el territorio provincial, considerando el derecho a la cultura como derecho humano.

Dos años más tarde, la fortaleza y amplitud de la Defensoría del Pueblo llevó a concebir dentro de su seno otro espacio temático especializado para responder a una demanda tan específica como compleja. Así surgió la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, creada en la ley 12.967 sancionada el 17 de abril de 2009.

Más tarde, en 2017, la ley 13.665 dispuso que el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe tuviera “legitimación procesal activa”, dentro de sus competencias, para ejercer acciones de carácter colectivas. Esto significó, además de un reconocimiento expreso y superador de su accionar, por Ley 10000 de intereses difusos, a un gran avance instrumental para la defensa de los intereses colectivos de los ciudadanos.

En la actualidad, se está llevando adelante un proceso para la puesta en funcionamiento, dentro de la Defensoría del pueblo, del Órgano de Revisión Local de Salud Mental, que es un dispositivo creado por la ley nacional 26.657 y que en la jurisdicción Provincia de Santa Fe se replica por mandato de la ley 13.733. Su función principal es controlar y garantizar el cumplimiento de la norma de salud mental de los santafesinos.

A la par de este desarrollo, y merced a haber sido una de las primeras instituciones de su tipo en el país y la región, la Defensoría del Pueblo santafesina tuvo activa participación, no solo en la creación de las restantes Defensorías subnacionales y locales del país, sino también de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra); siendo también un activo participe de la vida institucional del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), el Instituto Internacional del Ombudsman (IIO) y de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). 

Es importante poner en relieve la labor práctica que a lo largo de 30 años la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe supo desarrollar con cada organismo internacional brindando y recogiendo no solamente el valor de la experiencia, sino dándole impulso a la institución en todo el mundo e interesando en otras latitudes la invalorable experiencia en post de la promoción y defensa de derechos.

En estos años ejercieron la titularidad 5 defensores, 13 defensores adjuntos, una defensora de niñez y una defensora ad hoc en todo cumplimiento de la ley 10.396 de creación.

En síntesis, en estas tres décadas, la Defensoría del Pueblo ha agiornado en su accionar de un organismo de contralor, hacia una institución de promoción y protección de derechos, que prioriza la escucha activa, la contención y fomenta la resolución participa de conflictos. Para ello ha sido significativo el aporte que hicieron todos los Defensores tanto por su prestigio personal como por sus capacidades aplicadas a fortalecer el organismo. Pero también el capital humano con el que se cuenta, cuyo valor, compromiso y trabajo hacen de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe una institución con capacidad para adecuarse a los desafíos cotidianos, respetada y solicitada tanto en el ámbito local como a nivel internacional.