26/11/2008

Liliana Loyola advirtió sobre la necesidad de visualizar otras formas de violencia contra la mujer, no sólo la física

En el Día de la No Violencia contra la Mujer, la Defensora Adjunta ZN, Liliana Loyola, disertó en la CGT Santa Fe

La Defensora del Pueblo Adjunta para la zona Norte, T.O. Liliana Loyola, integró un panel sobre “Violencia familiar”, organizado por la CGT regional Santa Fe, con motivo del Día de la No Violencia contra la Mujer.

La acompañaron la diputada provincial CPN Silvina Frana (PJ) y la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control –APOC- CPN Mónica Perdriel.

La Defensora hizo un repaso de la labor que desarrolla el organismo, en especial el Centro de Asistencia a la Víctima, que a lo largo de sus 12 años atendió 8 mil 500 casos de violencia doméstica.

Destacó la necesidad de visualizar no sólo la violencia física sino también los otros modos, como la económica, emocional y psicológica.

“Ya transcurrieron más de diez años desde la sanción de la ley 11.529 - de protección contra la violencia familiar - y más allá de las críticas de la técnica legislativa utilizada en la norma, y de los cuestionamientos en relación con la falta de especificidad en el tratamiento de  la violencia de género, significó el reconocimiento legislativo de la existencia de la problemática, la creación de una alternativa distinta al derecho penal y la posibilidad cierta de hacer cesar en forma inmediata la violencia promovida en el ámbito familiar”, sentenció Loyola.

“Pero resulta evidente que no bastó con la ley. El problema sigue siendo la dificultad de los más desposeídos de acceder a la justicia. La igualdad ante la ley, analizando algunos de los casos que se atienden en el Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, parece ser una utopía estatal. Desde el CAV de Santa Fe, se subraya como dato relevante y novedoso en el transcurso de 2007, la creciente presentación de casos referidos a la problemática de “trata de personas” que se presentaron espontáneamente,  derivados por terceros o en actuaciones de oficio. Cabe destacar que gran parte de las situaciones estaban relacionadas con episodios previos de violencia familiar, entre otros factores de vulnerabilidad. En el abordaje de los mismos se coordinó con organismos locales, provinciales y nacionales”, añadió.

“Sobre la trata de personas, en tanto problemática cada vez más extendida y en la que la provincia de Santa Fe aparece como un territorio en el que se, literalmente, se cazan mujeres y se comercian como mercancía para su explotación forzada en otras latitudes de la provincia, el país o el mundo, se volverá de modo específico en este informe. La Defensoría del Pueblo puso en ello especial interés en 2007 realizando un seminario con especialistas, una publicación y diversas actividades tendientes a disparar el debate, concienciar a la población y movilizar a las autoridades”, continuó.

“Es que no todas las personas tienen los mismos derechos, como lo establece la Constitución Nacional. La mayoría de las veces, el ejercicio de esos derechos depende del lugar socio económico cultural que ocupan los sujetos, de la capacitación y sensibilización de los operadores judiciales, de los operadores de salud, policiales; o del lugar donde viven y del criterio, información, voluntad, organización de la comunidad en cuanto a los recursos con los que cuenta y su aprovechamiento y las dificultades para trabajar en red, con el compromiso del estado comunal, municipal, provincial, nacional en el tratamiento del tema y con el cumplimiento de la ley. Este depender de es peligroso y deja excluidos a la mayoría, da cuenta de la falta de políticas públicas desde el Estado para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, incumpliendo así lo establecido por la Convención de Belem Do Pará”, expresó la Defensora.

“A más de diez años de la Ley Nº 11.529, la administración pública no ha cumplido con lo ordenado en ella. No se han creado los equipos necesarios, no se ha dado publicidad a la norma, no se ha hecho docencia, ni difusión; no se ha controlado su aplicación al caso concreto. Resulta imprescindible que todos y todas sepan que existe una herramienta legal distinta a la denuncia penal, que no se necesita abogado patrocinante para utilizarla y realizar la presentación de la que habla la Ley 11.529, que se puede hacer ante cualquier juez, incluso el juez de paz,  que está obligado a recibirla y que tiene la facultad de dictar medidas urgentes para que sean despachadas en el acto, sin tener la obligación de citar al violento, entre otras cosas”, señaló      

"Si ocurriera entre países la llamaríamos guerra. Si fuera una enfermedad, la llamaríamos epidemia. Si fuera un derrame de petróleo, lo llamaríamos desastre. Pero le ocurre a las mujeres y es un asunto de todos los días. Es la violencia contra las mujeres. Es el acoso sexual en el trabajo y el abuso sexual de las jóvenes. Son los golpes que sufren millones de mujeres todos los días. Es la violación en casa y en una cita amorosa. Es el asesinato", concluyó Liliana Loyola.