El Centro de Mediación y Resolución de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe comenzó meses atrás a trabajar en un caso que puede terminar convirtiéndose en un leading case. Se trata de una adolescente de 17 años, acusada de llevar a cabo, junto a su pareja, estafas con la tarjeta de crédito de un tercero en compras en un supermercado.
El Juzgado de Menores interviniente consideró adecuado dar lugar a una práctica restaurativa. “Criteriosamente -y atento las condiciones particulares de la ofensora, la víctima y el delito- el Juzgado de Menores decide derivarlo al Centro de Mediación y Resolución de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, a fin de tratarlo a partir de una intervención restaurativa y así poder lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio, que trajo como consecuencia el dictado de una sentencia basada en lo trabajado en el Centro”, explicaron desde el organismo dependiente de la Defensoría.
A partir de la intervención del Centro de Mediación se consiguió que L. registrara importantes avances en su desarrollo personal y no protagonizara nuevos conflictos con la ley. Esto llevó a la Fiscalía a solicitar el sobreseimiento de la adolescente y a la jueza, a resolver en ese sentido.
Derivada la causa a Mediación, las partes arribaron a un acuerdo que fue homologado en marzo de este año, mediante el que se dispuso requerir al Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo que remita informes mensuales vinculados al cumplimiento de los términos del acuerdo, por el plazo de seis meses.
Transcurrido dicho plazo, la Defensa solicitó se corriera vista a Fiscalía a fin de evaluar la aplicación de un principio de oportunidad y la Fiscalía postuló el sobreseimiento de la adolescente por considerar que de los elementos de la causa se constata que L. no había protagonizado otro conflicto con la ley penal. Asimismo, se registraron algunos avances en su desarrollo personal, según lo acreditan los informes confeccionados por el Centro de Mediación y Resolución de conflictos y el Programa de Libertad Asistida. También se tuvo en cuenta que L. sólo había adquirido a través de estas maniobras alimentos y productos de primera necesidad, que tiene un niño a cargo y que se encontraba en una situación económica, social y familiar sumamente vulnerable.
"Lo novedoso es que el Código Procesal Penal del Menor no prevé las medidas alternativas ni el criterio de oportunidad que sí están previstos en el Código Procesal Penal aplicable a mayores, lo que coloca a los primeros en una situación de desigualdad e inferioridad procesal ─y real─ respecto de los adultos, lo que el Juzgado advirtió para decidir la derivación”, señalaron desde el Centro de Mediación.
Desde el organismo señalaron que esto “constituye un caso testigo muy importante, porque por un lado permite ver de manera concreta la importancia de los métodos restaurativos y, por otro, puede servir para repensar nuestro marco normativo respecto de los niños, niñas y adolescentes”.
Por su parte, el defensor del Pueblo a cargo Gabriel Savino, destacó: “Este es uno de los casos testigo que podemos mostrar en la Defensoría del Pueblo, lo que se suma al programa de Formación de 300 facilitadores restaurativos que se viene desarrollando conjuntamente con la Procuraduría de la Corte Suprema de Justicia”.
En ese mismo sentido, Savino aseguró: “Apostamos al futuro con una visión a largo plazo para intervenir en la desescalada de las conflictividades. Más aún cuando de adolescentes y jóvenes se trata”. “Debemos hacer todo lo posible para que no todos los casos lleguen a la justicia, que trabajemos preventivamente y propositivamente, para ir construyendo un nuevo entramado social, que siente las bases para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, concluyó el defensor.