El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe y director de Relaciones Internacionales del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), Raúl Lamberto, agradeció este miércoles la decisión de sus pares de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) de solicitar a la Cancillería Argentina la aprobación de la resolución de Naciones Unidas “relativa al papel de las instituciones de Ombudsman y mediadores en la promoción y protección de los derechos humanos, la buena gobernanza y el Estado de derecho”, que se tratará en las próximas semanas en la Asamblea de la ONU.
Vale remarcar que esta inquietud forma parte de la declaración de ILO tomada en su Asamblea Anual, llevada a cabo el pasado 29 de noviembre, cuando se pidió que las defensorías y cancillerías soliciten el apoyo a la declaración de Naciones Unidas.
“Creemos necesario un enérgico y robusto acompañamiento por parte de nuestro país en el tratamiento del proyecto de resolución, fundamentado en el reconocimiento y prestigio internacional en el ámbito de los derechos humanos que ha adquirido la República Argentina, y su impecable trayectoria en el acompañamiento a los proyectos que tengan como finalidad la perfección de los marcos de defensa, protección, promoción y garantía de los derechos humanos”, señala la misiva que Adpra dirigió a la Cancillería argentina.
En el texto se detalló que las instituciones de derechos humanos, unidas en instituciones internacionales y regionales, trabajan en conjunto en pos de la protección y promoción de los derechos y del fortalecimiento e integración de estas instituciones. “En ese camino, el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), la la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y el ILO, que nuestras defensorías integran, han participado en el proceso de consulta del proyecto”, explica la carta, en la Adpra también “reconoce y acompaña la labor de estas instituciones internacionales”.
Los defensores del Pueblo argentinos también le manifestaron a la Cancillería que “resulta ineludible reconocer el rol indispensable que han desempeñado las instituciones nacionales de derechos humanos en nuestra región frente a amenazas y quiebres de la vigencia del Estado de derecho”. Allí pusieron como ejemplo “los casos de las defensorías del Pueblo de Bolivia y Perú, frente al golpe de Estado acontecido en el Estado Plurinacional de Bolivia y la crisis política que se desató recientemente en la República del Perú”. Y agregaron: “También se debe reconocer la importancia de las instituciones locales de derechos humanos que, frente a los tiempos excepcionales que vivimos en medio de una pandemia, han cumplido un papel insustituible en la asistencia a las demandas de la población en un momento tan complejo”.
Adpra consideró además que la aprobación de la resolución mencionada iría en sintonía con una serie de normas aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos “en las que alientan a todos los Estados Miembros de la Organización a fortalecer instituciones nacionales para la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, según se indica en la Declaración y Programa de Acción de Viena”.
Finalmente, los defensores argentinos instaron a la designación del defensor o defensora del Pueblo nacional, ya que el puesto está vacante. “Esperamos que, con el auspicio del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación pueda generar los consensos necesarios que permitan que los habitantes del suelo argentino puedan contar con una figura constitucional de una relevancia insoslayable”, concluyeron.