El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo Gabriel Savino participó este viernes de la Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat para tratar el cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía. Durante su alocución, el defensor consideró que no hay “previsibilidad ni gradualidad en los incrementos solicitados” y reiteró su planteo de crear un ente de control para el servicio eléctrico en territorio santafesino.
Savino comenzó su intervención en la audiencia, de la que participó a través de videoconferencia, destacando la importancia de este espacio “como mecanismo de participación de los usuarios antes de la aplicación de cualquier aumento de tarifas de servicios públicos, más allá que sea una metodología no vinculante para dar legitimidad a las decisiones ya tomadas por la empresa”.
“Hemos escuchado atentamente las alocuciones vertidas y también leído atentamente la documentación elevada en el informe técnico. Allí no vemos previsibilidad ni gradualidad en los incrementos”, señaló el defensor. En ese sentido, agregó: “Sabemos que los ciudadanos y ciudadanas van a volcarse a instituciones como la nuestra, cuando lleguen las facturas y se hagan manifiestos los reclamos”. Y criticó que la Defensoría del Pueblo tampoco encuentra en la EPE “respuestas no solo a nivel personal, sino institucional, vulnerando no solo los derechos de los usuarios, sino infringiendo los alcances de la ley 10.396, lo que derivaría en mal desempeño de funcionarios públicos”.
El funcionario provincial reseñó que la Defensoría del Pueblo tiene “más de 40 oficinas de atención en el interior provincial y con realidades disimiles”. “Pero hay algunos temas comunes en los que debemos ser muy críticos, como los constantes cortes, falta de infraestructura, quemas de artefactos (se tiene que agilizar los resarcimientos) y en lo que se refiere al Área de Distribución o tendidos subterráneos donde no dan respuestas. Esto no es calidad de servicio”.
Recordó entonces Savino que la EPE se encuentra dentro de la esfera de control de la Defensoría del Pueblo y tiene obligación legal de responder a los pedidos de informes cursados. “El artículo 50 de la ley 10.396 expresa que la negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables podrá ser considerada por el defensor del Pueblo como entorpecedora de sus funciones”, citó.
En este contexto, el defensor del Pueblo culminó su presentación reiterando la propuesta de crear un ente de control y marco regulatorio para el servicio público de distribución de energía en todo el territorio. “Recomendamos por resolución al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat su creación y trabajamos en una propuesta de Iniciativa legislativa de la Defensoría del Pueblo para la creación del ente de control que se presentará ante la legislatura en este periodo ordinario”, indicó.