El santafesino, Adolfo Schweighofer, actualmente al frente del organismo asesor del Ejecutivo nacional, visitó la Defensoría para transmitir el beneplácito de los veteranos de guerra ante la recepción del reclamo y la pronta decisión de gestionar una solución con las autoridades que deben decidirla, con la resolución 074/23, del 17 de abril.
El pedido a la Defensoría del Pueblo fue para que se pronuncie sobre “la posibilidad de recomendar a la provincia de Santa Fe la factibilidad de este beneficio a los veteranos de guerra que transitan por rutas y autopistas bajo concesión provincial y/o municipal” toda vez que “existe a nivel nacional la exención de pago de peaje para Veteranos y Veteranas de Malvinas determinada por resolución 430/2022 de la Dirección Nacional de Vialidad donde se consagra que el beneficio es posible utilizar en una serie de rutas y autopistas que se encuentren bajo la órbita de competencia del Estado nacional”.
La resolución de Savino y Henn precisamente señala que en la provincia de Santa Fe rige la ley 11.204 “que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones de obras viales por un plazo determinado a Municipalidades y Comunas vinculadas y/o Unidades Ejecutoras, para la construcción, administración, conservación, reparación, mantenimiento o ampliación de obras viales y que únicamente se podrá percibir peaje respecto de las concesiones de obras viales realizadas o a realizarse sobre las rutas provinciales”.
Y que “la fiscalización de las Unidades Ejecutoras está a cargo del Poder Ejecutivo Provincial a través de la Dirección Provincial de Vialidad, quien designa un representante en el ente concesionario, cualquiera sea su naturaleza, con las facultades que se fijen en el contrato de concesión”. También que “el cobro de peaje está previsto en la concesión y sus valores son autorizados por resolución de la Dirección Provincial de Vialidad”.
En ese contexto, los defensores Savino y Henn consideraron que respecto de “la solicitud de eximición del peaje en rutas provinciales realizada por Ex Combatientes de Malvinas se debe decir, no solo que el planteo es razonable a la luz de la normativa nacional, sino que como Defensoría del Pueblo se impone el deber institucional de apoyar y recomendar en los términos de las propias facultades la implementación de un beneficio similar.