Díaz Dechiara se refirió en todo momento a la empresa que suministra el servicio a los santafesinos, Litoral Gas, a que le recomendó "cambiar la lógica de su estrategia de negocios porque se advierte que faltan obras (rememoró explosiones con víctimas fatales en las ciudades Rosario y Santa Fe)" recordando que "en el año 2023 fue necesario crear la empresa estatal Enerfe para construir gasoductos que son necesarios y se piensa invertir en cuatro años lo que acá una prestadora privada habló que invertirá en 30".
El poder concedente a las prestadoras privadas es del gobierno provincial , enfatizó Díaz Dechiara, precisando que la "Defensoría ejerce contralor sobre los actor del Ejecutivo" y desde esa prerrogativa exhortó a que "en la evaluación y decisión sobre el pedido de prórroga por 20 años de la empresa Litoral Gas se contemplen los derechos de las/os santafesinas/os, respecto de aquellas personas que son usuarias del servicio público esencial de gas por redes: a) que se garantice la seguridad y confiabilidad del sistema, b) la prestación de un servicio eficiente que conlleve a tarifas razonables; c) el trato digno y humanizado no siendo considerados mero clientes".
Resaltó la inquietud que tiene la Defensoría al advertir "que en las ciudades de Rosario y Santa Fe donde se dieron casos de impactante explosiones -de un edificio entero con una veintena de muertos, en la primera; y el estallido de una vivienda con sus moradores dentro (que salvaron sus vidas) y daños a media manzana, en la segunda- los vecinos se han vuelto renuentes a denunciar ante Litoral Gas cualquier anomalía. Pese a esos saldos evitan denunciar porque la empresa corta preventivamente y los deja sin servicio por períodos que a veces tienen una incomprensible larga extensión incluso luego de constatada y subsanada alguna pérdida".
Con relación a aquellas personas que no son usuarias y que deben abastecerse con gas envasado, a precios desregulados que tienen un costo inaccesible en muchos casos, el Defensor del Pueblo pidió "que tengan la expectativa concreta mediante un plan de obras que debe estar garantizado por el Estado de ser incorporados a la red. En el país de Vaca Muerta aún casi la mitad de su población no accede al servicio público de gas natural por redes. El censo 2022 revela que el 48,6% de la población utiliza principalmente gas de red para cocinar. Un 43,9% de la población utiliza mayormente gas de garrafa", enfatizó.