La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe envió este jueves una nota a las cámaras inmobiliarias de Santa Fe y Rafaela para que sus asociados prorroguen los contratos de alquiler de inmuebles destinados a vivienda durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, para aquellos contratos que tengan como vencimiento el 31 de marzo del corriente año.
El pedido formulado promueve el mantenimiento de las mismas condiciones que se encuentran vigentes. El escrito sostiene que este lapso permitirá a las partes concertar o no la renovación de un nuevo contrato de alquiler.
La defensoría sugiere que el pago de los alquileres esté bancarizado, en caso de que esta no sea la modalidad estipulada entre locador y locatario. También correr los plazos de pago hasta el 15 de abril, cuando la fecha establecida previamente fuera anterior, o hasta el 30 de abril si la obligación fuera con posterioridad al 15 de abril, sin recargo alguno.
Cuando se trate de alquileres comerciales, el defensor promueve una renegociación temporal de las cláusulas contractuales atinentes al precio de la locación, basada en la teoría del esfuerzo compartido, contemplada en el artículo 1.091 del Código Civil y Comercial de la Nación y que tuviera amplia recepción jurisprudencial en el año 2002, luego de la derogación de la ley de convertibilidad.
La Defensoría del Pueblo entiende que la excepcionalidad de la situación por la que atraviesa el país exige comprensión, responsabilidad y buena voluntad de todas las partes, instando a una solución consensuada de la problemática que atañe a los inquilinos de la provincia. Para ello, se pone a entera disposición para la consecución de tales objetivos, concluye la nota.
La institución considera que estas medidas consensuadas podrán implementarse hasta tanto se avance en una solución parlamentaria, según surge de las informaciones que se hicieron conocer en el orden nacional.