En base a su experiencia abordando la quema de pastizales en el delta del río Paraná desde hace más de diez años, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe diseñó una propuesta para la gobernanza interjurisdiccional de la zona, teniendo en cuenta que se trata de un ecosistema que comparte condiciones climáticas, de suelo, hidrológicas y de flora y fauna más allá de las cuestiones territoriales que atañen a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Con el nombre de Diálogos Río Paraná, plantea la necesidad de establecer mecanismos de coordinación con el objetivo de encontrar soluciones de fondo a una problemática ambiental que impacta profundamente en la ciudad de Rosario y la región.
Desde el año 2008 la institución ha procurado abordar la problemática de los incendios en las islas buscando la coordinación jurisdiccional, dado que “cada año se reciben numerosas consultas sobre los impactos en la salud de la población, principalmente de aquellos que padecen patologías respiratorias previas como así también por la preocupación por los impactos negativos que estas prácticas ocasionan en la región”.
Así, generó la interacción entre diferentes dependencias de los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y organismos nacionales. La mediación del organismo consiguió, por ejemplo, que se establezcan canales de comunicación entre el Ministerio de Ambiente nacional y sus homónimos de las provincias involucradas. Asimismo, el organismo santafesino ha requerido a los fiscales de las provinciales información sobre las denuncias y actuaciones en el marco de su competencia.
Más allá de esta labor, la defensoría decidió volcar su experiencia en el desarrollo de una propuesta denominada Diálogos Rio Paraná en la que, utilizando una estrategia de ecosistema colaborativo, se invita a diferentes organismos a construir bases para una buena gobernanza de la región.
“Creemos oportuno poder analizar la cuestión para la coordinación de acciones que tiendan a establecer mecanismos de gobernanza multiactoral, en forma de comité permanente, en función de lograr eficiencia en la aplicación de los recursos, eficacia en la ejecución de las propuestas, pero, sobre todo, viabilidad y sostenibilidad en el tiempo de las acciones que se generen”, se explica en los fundamentos de la propuesta.
Los equipos técnicos consideraron "necesario delinear una nueva gobernanza, pensada en el concepto de ecoregión como tal y no diferenciada en jurisdicciones separadas”. En ese sentido, propusieron contemplar "la posibilidad de aumentar las zonas de protección, de reservas, diferenciando sus usos y defendiendo aquellos que no tengan un impacto negativo en la dinámica del ecosistema pero que permitan mantener o reforzar los servicios ambientales a fin de garantizar la productividad o aporte económico a la región”.
Finalmente, desde la defensoría, organismo encargado de proteger los derechos de las personas, entre los que se encuentra el de vivir y desarrollarse en un ambiente sano, remarcaron la importancia de preservar los recursos naturales de "un área con características ecológicas únicas en Argentina, que cuenta con alta prioridad de conservación”.