19/06/2020

La Defensoría del Pueblo realizó un nuevo webinar sobre la “Progresividad en los Derechos Humanos”

Estuvo enmarcado en una serie de encuentros virtuales que son parte de las celebraciones por el 30 aniversario de la institución santafesina. Participaron reconocidos profesionales de distintas regiones y disciplinas.

El defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, participó, este viernes, del panel de presentación del tercero de cinco webinar que la institución organizó en el marco de las actividades en homenaje al 30 aniversario de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. La “Progresividad en los Derechos Humanos” fue la temática que en esta ocasión nucleó a profesionales y referentes de distintas regiones.

La coordinación de la actividad fue realizada por Ismael Rins, defensor del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, y la moderación por Julia Unger, asesora principal de programa regional de Apoyo a Comunidades de Acogida. La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, Analía Colombo, acompañó a Raúl Lamberto en el panel de presentación, mientras que el panel de expositores estuvo compuesto el abogado constitucionalista Roberto Gargarella, el investigador y profesor Hugo Quiroga y la doctora en Derecho por la Universidad de Yale Natalia Volosin.

El primero en tomar la palabra fue Lamberto, quien agradeció la presencia a todos los integrantes del webinar: “Les agradecemos profundamente que nos estén acompañando hoy y quiero destacar especialmente el altísimo nivel técnico de los participantes”.

En cuanto a la temática propuesta, el defensor señaló: “Nuestra defensoría se planteó el objetivo de realizar un seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos, y con este horizonte la primera experiencia fue la publicación de la investigación sobre la situación de las políticas sociales y derechos humanos en la ciudad de Rosario, el segundo trabajo tuvo alcance provincial e indagó sobre los progresos y desafíos de los derechos, y el tercer avance fue la guía práctica de respuestas inclusivas”. Finalmente, convocó a redoblar esfuerzos para que “los derechos no solo sean reglas en los protocolos, sino que se hagan realidad en los hechos”.

Posteriormente, tomó la palabra Roberto Gargarella, quien analizó: "Si nos interesan los derechos consagrados en las constituciones nacionales, nos tiene que interesar la parte de la organización del poder para poder activar tales derechos". Y ejemplificó: “En América latina tenemos consagrados todos los derechos en las constituciones de una manera formidable, pero a su vez está intacta la maquinaria del poder que sigue concentrado del mismo modo que en siglo XIX". Como cierre el constitucionalista señaló: “Si nos interesa una organización social de derechos de mayor alcance, progresivo e inclusivo hay que modificar la organización del poder para no depender de la voluntad discrecional de los poderes".

A su turno, Hugo Quiroga expresó que "hoy en día debemos pensar la progresividad de los derechos en el marco de la pandemia que ha afectado de un modo particular a los sectores más vulnerables", y llamó a “rescatar la antigua noción del bien común, que ha sido silenciada en el discurso público de la sociedad contemporánea". Como conclusión de su exposición enfatizó en que "es necesario evitar la concentración del poder en los Ejecutivos que se constituye en la existencia de los poderes extraordinarios, DNU, delegación legislativa y veto parcial".

Por último, Natalia Volosin invitó a pensar “en qué medida un país con problemas de corrupción estructural puede llevar adelante una tarea de lucha contra la corrupción y qué rol pueden desarrollar las defensorías”, y aseguró que “la corrupción no es la enfermedad, es un síntoma”.

En este sentido, y como cierre de las exposiciones del webinar, remarcó que “los organismos de control tienen las capacidades pero no tienen los incentivos y la academia y la sociedad civil tienen los incentivos pero no las capacidades”, y señaló que “las defensorías tienen un equilibrio más racional en cuanto a incentivos y capacidades”, y culminó convocando a pensar, por parte de las defensorías, “estrategias de litigio” para defender los derechos.