La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe le requirió este miércoles al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación que prorrogue por un plazo prudencial, "teniendo en cuenta el momento en que se pueda vislumbrar una normalización sanitaria y económica”, el decreto que congeló los incrementos de los alquileres, prohibió los desalojos por un plazo y extendió automáticamente la vigencia de los contratos como consecuencia de la crisis por la pandemia de Covid 19. El pedido de la institución se sustenta en que la vigencia de la norma culmina el 30 de septiembre y hasta el momento no se vio modificada “a grandes rasgos la situación de emergencia sanitaria que motivó” la decisión del Ejecutivo nacional.
En su requerimiento, la institución santafesina fundamentó que el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en “diversos instrumentos internacionales –incorporados a la Constitución- lo reconocen, como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 14)”.
La Defensoría del Pueblo consideró que “no se han visto modificadas las condiciones de tránsito y circulación”, por lo cual consideró: “Pese al esfuerzo realizado y las medidas implementadas a los fines de mitigar el flagelo de la pandemia, habiendo obtenido resultados positivos en muchos casos, persisten las condiciones objetivas de vulnerabilidad de las personas afectadas y en riesgo de contagio; lo mismo sucede con la actividad económica que no ha visto una mejora sustantiva como para evitar las consecuencias gravosas a los ciudadanos”.
Por ello requirió que “se dicte un nuevo decreto concediendo una prórroga razonable al decreto 320/2020, por el plazo que conforme previsiones sanitarias y económicas efectuadas por el área respectiva se prevea una normalización de las actividades que permitan volver a las condiciones anteriores a la emergencia sanitaria”. Y pidió que esa extensión se dé en las “mismas condiciones” de la norma citada “y con el mismo alcance, en atención al principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional”.