14/11/2019

La Defensoría del Pueblo y la UNR presentaron un informe sobre el avance de los derechos económicos, sociales y culturales en la provincia

La presentación del trabajo denominado Progresos y Desafíos de los Derechos en la provincia de Santa Fe tuvo lugar en el Facultad de Derecho de la UNR y fue encabezada por Raúl Lamberto, defensor del Pueblo y Franco Bartolacci, rector de la UNR. Acompañó el acto de presentación el gobernador Miguel Lifschitz y también el decano Hernán Botta y el coordinador de la investigación Hugo Quiroga.  

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, encabezaron la jornada de presentación del libro Progresos y Desafíos de los Derechos en la provincia de Santa Fe, un trabajo de investigación sobre el avance en los derechos económicos, sociales y culturales desde el enfoque de derechos humanos.

De la actividad, que se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNR, también participaron el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el decano de la Facultad de Derecho de la UNR, Hernán Botta; y el coordinador del proyecto de investigación, Hugo Quiroga. 

El trabajo fue llevado a cabo por el Equipo de Evaluación en Políticas Sociales y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario. Esta evaluación comprende el período 2018 hasta junio de 2019 inclusive. El libro se inscribe en el interior de un proceso de evaluación de avances en derechos humanos más amplio que, por iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario, dio origen a la conformación del Equipo, en el año 2017. 

En este sentido, Lamberto relató: “El primer antecedente se dio en el año 2015 luego de aprobada la Agenda 2030 en Mérida, donde las organizaciones nacionales de derechos humanos se comprometieron a hacer un seguimiento de la agenda aprobada”, y especificó: “Este seguimiento fue aprobado en una de las organizaciones internacionales que nuclea a las defensorías y organizaciones defensoras de derechos humanos, que es la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), y posteriormente en el encuentro de la FIO en Quito en el año 2016 se ratificó la necesidad de hacer un seguimiento de las políticas públicas”. 

En función de estos antecedentes se firmó el convenio con la UNR que dio lugar al informe presentado en el año 2017 y que estaba enmarcado en la ciudad de Rosario: “Esa experiencia nos llevó a pensar algo más ambicioso que fue trasladar la experiencia a nivel provincial donde además de abordar las temáticas de pobreza, discapacidad, vivienda, servicios y violencia de género, como se hizo en Rosario, incorporamos dos temas claves en cuanto a políticas públicas como son la salud y educación. Y además extendimos el ámbito de información, no solamente al Poder Ejecutivo sino también al Poder Legislativo y Poder Judicial”, sostuvo el defensor. 

Por su parte, Bartolacci destacó el diálogo entre “la Defensoría con la universidad pública, y la vinculación con el Estado para poder evaluar y diagnosticar las políticas públicas, recomendar acciones que permitan corregir esas políticas públicas para hacerlas efectivas y que le transformen la vida a mucha gente”, y advirtió: “Este círculo muchas veces no ha sido posible y no es un problema del Estado a nivel local, provincial o nacional, no es un problema de las organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de las veces es un problema de los universitarios”.

En esta misma línea, el rector convocó a los profesionales a “hacer de esto un ejercicio frecuente, hacer de esta experiencia un compromiso activo de la Universidad Nacional de Rosario, hacer de este tipo de trabajos una acción institucional privilegiada, central y estratégica de nuestra universidad en el vínculo con el territorio”. 

El gobernador provincial, en tanto, celebró que se “pudieron analizar de manera objetiva, cuantitativa y cualitativamente los resultados de las políticas públicas aplicadas en la provincia de Santa Fe en el último tiempo, medir resultados y hacer un análisis objetivo, no sobre la acción del gobierno en particular, sino sobre la realidad de la situación social y de cómo las políticas han impactado, planteando desafíos para mejorar, para profundizar acciones y políticas y una evaluación sobre lo realizado”, y describió la importancia del trabajo: “Creo que es muy importante el análisis y la evaluación de las políticas públicas, las del ámbito social, donde muchas veces sobran las buenas intenciones, las acciones descoordinadas o desorganizadas que apuntan a resolver problemas puntuales pero donde muy pocas veces podemos evaluar políticas sostenidas a lo largo de los años y poder sacar conclusiones sobre el impacto real de esas políticas”. 

A su turno, Botta remarcó que, en los últimos años, con la gestión de Lamberto “se fructificó una relación muy especial con esta casa”, y en relación directa a la presentación destacó: “La universidad pública es esencialmente un espacio de construcción colectiva y se ve jerarquizada con actividades como estas en la cual se propone el abordaje de una temática especial que también tiene que ver con los sectores más vulnerables que más tienen que ver con la defensa de los derechos”.

Por último, el coordinador de la investigación señaló: “Nosotros presentamos este trabajo y lo ponemos a disposición de los responsables de tomar decisiones y de la ciudadanía”, y agregó: “Este libro resultó un texto pionero no solo en la Argentina sino también en la región. Por eso esperamos que sea una contribución en este largo y sinuoso camino de la defensa de los derechos humanos”. En el mismo sentido, Quiroga continuó: “Somos conscientes de la necesidad de hacer los derechos más visibles y de la necesidad de generar sensibilización de los gobernantes”, y sintetizó: “Este es el producto no solo de un trabajo científico riguroso, sino también de un compromiso con los derechos humanos”.

Paneles
La jornada de presentación contó también con distintos paneles temáticos donde expusieron los integrantes del Equipo de Evaluación en Políticas Sociales y Derechos Humanos; el profesor adjunto de derechos humanos en la Universidad de Buenos Aires y director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires, Víctor Abramovich; y la investigadora del Conicet y experta independiente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos por el Protocolo de San Salvador, Laura Pautassi.

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