El objetivo fue intercambiar información de acuerdo a lo relevado por cada organismo, identificar obstáculos, estrategias de resolución y fortalecer las relaciones interinstitucionales. Uno de los temas abordados fueron los botones de alerta y otras medidas de protección, los cuales resultan insuficientes por la falta física de estos elementos, y por el nivel de reincidencia en acciones transgresoras y/o violentas de agresores.
El actual contexto de pobreza estructural agrava la situación, ya que muchas víctimas carecen de teléfonos celulares, líneas activas o acceso a wifi para poder activar la aplicación violeta lo que coadyuva a profundizar una preocupación compartida de las víctimas: las dificultades en los circuitos a recorrer desde que interponen la denuncia y formalizan el pedido de asistencia hasta que obtienen alguna medida de protección.
Ello torna necesarios los espacios de articulación entre los distintos actores competentes para optimizar y simplificar canales de comunicación y de gestión.
Se discutió sobre la necesidad de vislumbrar mecanismos para evitar que las propias víctimas deban llevar las notificaciones de las medidas a la comisaría donde reside su agresor; situación resulta revictimizante y la expone nuevamente en riesgo de vida.
La gravedad y crueldad con que las situaciones de violencias, en general y por motivos de género en particular, se siguen produciendo se concluyó en que se impone una revisión de los mecanismos y canales existentes, su mejora y optimización. También alcanza ello a las estrategias intersectoriales e integrales, que se puedan ir consolidando en espacios como el propuesto por la Defensoría del pueblo.
