“Entendemos que la competencia de la defensoría del pueblo involucra e involucrará siempre la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, motivo por el cual es necesario su reconocimiento constitucional ya que le otorga una protección más sólida y jerárquicamente superior al estar en la Constitución. El organismo se lleva un nivel de importancia fundamental limitando la capacidad del gobierno de turno para modificarlo, eliminarlo arbitrariamente y asegurando su protección a largo plazo.
Sin duda, esto no sería suficiente hoy solamente con una mera ley. En síntesis, la misión del defensor del pueblo o de la defensoría del pueblo es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses. Esto está previsto en el artículo 86 de la Constitución nacional. Decimos que si la Constitución de Santa Fe es moderna tiene que seguir este Norte”, dijo a los convencionales, Lasarte, acompañado de la presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), Dra. Raquel Caballero de Guevara, quien viajó especialmente desde su país -es además la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador-; y de la presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), Dra. Amelia López Loforte, quien también es Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba.
Convención prevé que las comisiones escuchen a los protagonistas y a todos quienes tengan injerencia directa alguna. Por tal razón, el Defensor Lasarte asistió acompañado de la presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), Lic. Raquel Caballero de Guevara, quien viajó especialmente desde su país -es además la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador-; y de la presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), Dra. Amelia López Laforte, quien también es Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba.
La presidente del ILO, Amelia López Loforte, enfatizó en que “la inclusión de la Defensoría del Pueblo en la Constitución la pone bajo estándares internacionales” dado que esta institución -que recibe diferentes nombres según el país del que se trate- genéricamente se conoce como "Oficinas Ombudsman" tal como las denominó la ONU en su Conferencia Internacional de Paris en 1993 donde las reconoció como órganos de contralor y defensa, promoción y garantía de DD.HH.
El acuerdo de Venecia, de 2019, actualizó aspectos haciendo hincapié en su condición extra poder aunque de raigambre legislativa (deben tener acuerdo parlamentario en su nombramiento); tienen vedadas actividades partidistas o sectoriales, no deben recibir instrucciones de nadie por lo que su accionar queda sujeto a la hora de evaluarse al arbitrio ciudadano.
La presidenta de la FÍO, Raquel Caballero de Guevara, dijo que viajó muchas horas desde su país en Centroamérica para “respaldar a su colega Arístides” y que venía también a “animarles” a los convencionales (a quienes felicitó por su enorme tarea encarada en afianzamiento la democracia) a “que la decisión que tomen sea positiva en el reconocer y elevar al rango constitucional las labores de la Defensoría del Pueblo”.
La FIO reúne a más de un centenar de Ombudsman nacionales de 23 países y los sub nacionales de México, España y Argentina (acá son provinciales y municipales, según las distintos distritos). Además de los países de América Latina a la FIO la integran los ibéricos Portugal, España y Andorra.
El ILO es el espacio internacional del sub continente más antiguo en el mundo de las defensorías. Fue creado en 1983 en Venezuela con la intención de promover la creación del instituto en cada país de la región a medida que éstos iban saliendo - en aquella década del siglo XX- de gobierno dictatoriales o autocráticos, con la finalidad de coadyuvar a la consolidación de las todavía endebles instituciones democráticas en ellos. La integran universidades, credos, investigadores, académicos, periodistas, docentes, defensores y ex defensores, y en los últimos años alcanzó su objetivo de que exista una oficina Ombudsman en todos los países latinoamericanos. Actualmente centra sus esmeros en la investigación, estudio, producción de doctrina y asesoramiento a las Defensorías vinculando a éstas con las Casas de Estudios de todo el mundo.
La ley 14. 384 que declaró la necesidad de reforma constitucional en la provincia incluyó al instituto del Defensor del Pueblo entre aquellas cuestiones que atañen a ser incorporadas con lo que pasaría de su rango legal actual (dado por la ley 10.396 de 1990; que hace que esté cumpliendo este año su 35 aniversario) al rango constitución. Máxima instancia del plexo normativo.
