17/05/2021

Covid 19: el Instituto Latinoamericano del Ombudsman instó a los gobiernos del continente a priorizar la salud pública y los derechos humanos

En un documento, el organismo internacional sostuvo que los planes de vacunación deben ser transparentes y respetar los principios de disponibilidad, accesibilidad y viabilidad económica.

El Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo (ILO), cuya Dirección de Relaciones Institucionales está a cargo del defensor del Pueblo santafesino Raúl Lamberto, instó “a los gobiernos del continente americano a priorizar la salud pública y los derechos humanos en sus decisiones y políticas públicas respecto de la vacunación contra el Covid 19”.

En un documento publicado recientemente, el organismo internacional destaca que “la pandemia de Covid 19 ha originado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes a nivel global, sobrepasando la capacidad de los sistemas de salud y afectando de manera especialmente grave a quienes viven en situación de pobreza, carecen de cobertura médica, o enfrentan algún tipo de discriminación”. En ese sentido, destaca que “ha comenzado un proceso de vacunación en distintas partes del mundo, actividad que, dependiendo de cada jurisdicción, se ha realizado con intervención estatal, privada o mixta”. Y que, “tal como lo ha establecido el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a la salud tiene como contenido esencial el goce del más alto nivel posible de salud por parte de las y los habitantes”.

Por ello, el ILO enfatiza en que “el acceso al derecho a la salud compete a los Estados, que deben proporcionar en condiciones de igualdad, las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas”.

Al respecto, el organismo que nuclea a defensorías del Pueblo de Latinoamérica insta a los gobiernos del continente a:

•             Desarrollar planes de vacunación adecuados, que respeten los principios de disponibilidad, accesibilidad y viabilidad económica, física, cultural y territorial de las dosis de vacunas distribuidas en sus jurisdicciones.

•             Conducir el proceso de vacunación con intervención y control estatal permanente, considerando que permitir que la ley del libre mercado prevalezca en la importación y distribución de vacunas dejaría a un gran porcentaje de habitantes de los países sin acceso real a las mismas.

•             Priorizar que la distribución garantice el acceso rápido, coordinado y equitativo a las vacunas COVID-19 para todos y todas dondequiera que residan dentro de los países.

•             Coordinar de manera adecuada con las empresas y laboratorios privados o públicos, nacionales e internacionales para que los programas de vacunación respeten los estándares de calidad. Si los gobiernos aún no pueden implementar por completo un proceso de vacunación integral, deberán trabajar para su realización progresiva en el menor tiempo posible, de manera eficiente y efectiva y con el mejor esfuerzo y recursos que pueda dedicar, logrando que nadie se quede atrás.

•             Garantizar el acceso a toda la información producida en los procesos de adquisición, distribución y aplicación de las vacunas COVID-19 de manera transparente y responsable para prevenir y erradicar la corrupción.

Para ver el documento completo se puede ingresar aquí (https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/el-ilo-insta-a-los-gobierno...)