La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe presentó este lunes, a través de una conferencia virtual, la Actualización de la Guía de Respuestas Inclusivas en un contexto local según lineamientos de la OEA, trabajo que en su primera versión fue premiado por la Organización de Estados Americanos por su valioso aporte al abordaje de la asistencia durante la pandemia de Covid 19.
El defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto, comenzó expresando su satisfacción por “poder presentar esta ampliación, que es un trabajo hecho por el personal de la defensoría”. “Es muy importante reivindicar los equipos técnicos de nuestra defensoría y pensar adónde se llegó. Hubo que enfrenar algunas situaciones externas, que eran complicadas. Por ejemplo, las personas en situación de encierro, sobre el que hubo todo un debate nacional. Había que tener valentía para asumir como defensoría la situación”, expresó el defensor, quien agregó que la publicación también aborda cuestiones como los migrantes y pueblos originarios.
Lamberto explicó que “la realidad de la pandemia exigió darle continuidad” a la Guía, ya que de otra manera iba a quedar desactualizada ante el avance de la pandemia”. “Por ejemplo, cuando hicimos la primera parte no estaba la vacuna. Ahora está el debate de liberar las patentes. Yo lo he planteado en IOI. Pero lo concreto es que era necesario dar una ampliación y es probable que tengamos que hacer otro”, agregó el defensor santafesino, que calificó el trabajo de “un órgano de difusión extremadamente importante, porque aborda el impacto muy serio que ha generado la pandemia sobre los sectores más vulnerables”.
A continuación, María Laura Pasquero, directora del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito (CAV) de Rosario, indicó que la Guía “es una construcción colectiva desde lo intelectual y empírico”. “A lo largo de estos años de gestión el CAV se ha consolidado como una institución que brinda un conjunto de respuestas diferenciadas del resto de los organismos estatales. Ha permitido un abordaje integral a las problemáticas”, explicó Pasquero, quien detalló que “el acompañamiento es una premisa fundamental del abordaje” del Centro.
Pasquero recordó que el CAV ha señalado en varias oportunidades los inconvenientes, principalmente de los sectores más vulnerables, para acceder a la Justicia “No todas las personas tienen acceso a los mismos derechos. Ya que depende de otras cosas, del lugar de dónde viven, su situación. Este depender es peligrosísimo y deja excluida a la mayoría de las personas”, insistió. También advirtió que las restricciones a la circulación agudizaron problemas de violencia preexistentes. “Si hay algo que las víctimas de violencia temen es el aislamiento”, indicó, antes de relatar que por ello se pidió que las medidas de protección fueran sostenidas durante el aislamiento.
Luego, Consuelo Rosas y Desiré Stival, del CAV de la ciudad de Santa Fe, evaluaron que “la emergencia en el 2020 y en 2021 no solo vino a poner de relieve algunas situaciones que eran preexistentes, sino que agravó situaciones que padecen algunas personas”, señalaron, para puntualizar el caso de las mujeres y disidencias. “Las mujeres y las niñas no solo sufren violencia estructural, sino que esa violencia se va agravada al interior de esos hogares. Lo que las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) y Distancamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo) lo que vinieron a hacer es agravar esos padecimientos”, explicaron.
Después, hicieron un pormenorizado recuento de las acciones que se tomaron desde los Estados para paliar la situación de los sectores más vulnerables afectados por la pandemia y sus restricciones. Entre las medidas de protección social y laboral, mencionaron al Ingreso Familiar de Emergia (IFE), el Programa Potenciar, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y una ley de financiamiento con perspectiva de género. Asimismo, comentaron sobre la importancia de la reglamentación del cupo laboral trans, la regulación del teletrabajo y el comienzo de la capacitación en Ley Micaela en la provincia de Santa Fe. También la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y la promoción del número 144 para denuncias de violencia de género.
Por su parte, Facundo Vidal Valls, coordinador de Derechos Civiles y Sociales de la defensoría, coincidió en que “en materia de salud y discapacidad también se resaltaron problemáticas que eran preexistentes, por lo que tratamos de enfocarnos en ver cómo disminuir las barreras propias que impiden el acceso a los derechos plenos en nuestra sociedad”. Al respecto, enumeró 3 puntos en que las personas con discapacidad se vieron afectadas: medidas de prevención (se les dificultó el acceso a la información), medidas de minimización y control de riesgo (las tareas sanitarias son más complejas en esta población) y atención y cuidado de salud (la atención para los contagiados también es más dificultosa).
En relación a la cuestión metodológica, explicó que para confeccionar la Guía realizaron un compendio de “la normativa vigente, las tareas realizadas por el Estado, y cuáles eran los derechos que se seguían vulnerando para, a partir de ello, realizar recomendaciones”. Se refirió puntualmente a los pedidos para continuar los tratamientos durante la pandemia y también de cómo la falta de clases impactó en los niños y niñas con discapacidad.
A su turno, Yamila Frisón, de la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, consideró que “se han agudizado las desigualdades y las vulneraciones de derechos anteriores a la pandemia”. “El aislamiento social ha hecho que muchos niños, niñas y adolescentes hayan sido expuestos a violencia como víctimas como testigos. A la alimentación, educación y recreación. Viendo cómo perduraban las escuelas cerradas y en diálogo con los posicionamientos de los organismos internacionales específicos, particularmente con Unicef, en un informe para América latina y el Caribe”, indicó.
Frisón también hizo referencia a que ese documento de Unicef “alertaba porque el período largo de cierre de escuelas hacía perder de vista a niños y adolescentes más vulnerables que podían retomar su lugar en las escuelas”. Y también citó la problemática de la “brecha digital”, ya que “no todos los niños pudieron acceder a la educación remota o no todos pudieron contar con una figura de adulto mediadora. Eso también es una condición de desigualdad”.
Al momento del cierre, el defensor del Pueblo Adjunto para la Zona Norte, Jorge Henn, recordó que Lamberto “siempre planteó la necesidad de tener algún marco de referencia frente a una situación que como la del Covid que ha modificado la vida cotidiana de todos” y se refirió con especial atención “a los sectores más vulnerables”. “Nosotros tenemos un mandato constitucional y convencional de promover desde el Congreso actuaciones que provoquen igualdad de oportunidades y el goce efectivo de estos derechos”, recordó Henn, quien consideró “muy importante que estos trabajos puedan tener continuidad en el tiempo”.
Además, evaluó que “el impacto de la pandemia y el trabajo para que no se vulneren derechos es una tarea dinámica y que necesita estar permanentemente cerca de estos sectores. No hay otra más importante para garantizar el goce de estos derechos”.
Por su parte, Gabriel Savino, defensor del Pueblo Adjunto para la Zona Sur, rescató que esta publicación es “el producto del trabajo y del desarrollo intelectual de los integrantes de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Es una revisión que da cuenta de los colectivos en situación de vulnerabilidad, la que en estos 30 años desde la Defensoría del Pueblo se ha abordado desde diferentes perspectivas”.
Savino hizo especial hincapié en la situación de las personas adultas mayores, que en la institución “no solo se aborda desde la interdisciplina, sino que se aborda desde la promoción de derechos como prevención”. En ese sentido, concluyó que “los gobiernos, a través de las políticas públicas, deben trabajar para que la vejez sea saludable”.