16/09/2022

La Defensoría del Pueblo reabrió su oficina de atención en El Trébol

A partir del viernes 16 de septiembre comenzó sus funciones la flamante oficina destinada a la atención del ciudadano de la región. La misma está ubicada en el Centro Cívico Comunitario.

El defensor del Pueblo de Santa Fe a cargo Gabriel Savino reinauguró junto a la senadora departamental de San Martín, Cristina Berra, y la intendenta de El Trébol, Natalia Sánchez, la oficina de atención a la ciudadanía que está ubicada en el Centro Cívico Comunitario de Bv. América 1061.

Tras el evento, Savino explicó que en la Defensoría del Pueblo “atendemos a toda la ciudadanía que se acerque por cuestiones de servicios públicos, y también con necesidades vinculadas a nuestro centro de atención a la víctima, nuestro órgano de revisión de salud mental y el centro de mediación y resolución de conflictos”, y aclaró: “La gran mayoría de los temas que afectan a la ciudadanía la Defensoría los atiende, y el asesoramiento es siempre gratuito”.

Finalmente, el defensor destacó que “es la oficina número 42 y es un paso más en esta política de descentralización territorial que viene llevando adelante la institución desde hace ya 20 años”.

A su turno, la senadora sostuvo que “esta era una deuda pendiente, a veces cuesta un poquito más y a veces un poquito menos, pero estamos muy felices de poner en marcha esta nueva oficina”, y agregó: “Es importante para El Trébol tener una oficina destinada a la defensa de derechos del ciudadano y por eso es un acontecimiento que nos llena de placer”.

Por su parte, la intendenta Sánchez también celebró la llegada de la oficina y expresó: “Es importante para la ciudad, para la gente por lo que no dudamos en ceder el espacio para concretar esto”.

Es importante recordar que la Defensoría del Pueblo es un organismo descentralizado, unipersonal e independiente, que no recibe instrucciones de ninguna índole y tiene facultades de control extrapoder, encargado de proteger y promover los derechos fundamentales del individuo y los intereses difusos o colectivos de la comunidad contra actos irregulares, arbitrarios, ilegítimos, discriminatorios o negligentes de los funcionarios de la administración pública.